REALPOLITIK "sicariato informativo"
El portal de pseudo noticias argentino Realpolitik, con sede en La Plata y dirigido por Santiago Sautel, arrastra un historial de severos cuestionamientos públicos, judiciales e internacionales debido a denuncias de desinformación y operaciones de prensa contra empresas u organizaciones que se relacionan con el sector público en general.
Tiene muchas denuncias y causas por violencia mediática y operaciones locales. Ese portalweb acumuló denuncias por la difusión de noticias falsas y difamaciones sin verificar, destacándose judicialmente en su momento la causa por violencia mediática contra Fabiola Yáñez, además de constantes acusaciones de montar operaciones de prensa contra funcionarios municipales y provinciales en Buenos Aires.
Este tipo de metodologías forma parte del fenómeno conocido como extorsión digital o "chantaje por pauta", una práctica en la que medios o portales marginales utilizan la publicación de contenido altamente dañino, difamatorio o tendencioso como mecanismo de presión financiera.
"El truco técnico y la inconsistencia
utilizados por el portal
evidencia un hostigamiento recaudatorio"
En el ámbito de la comunicación en tiempos de redes sociales, este esquema opera bajo dinámicas muy específicas que afectan tanto a organismos públicos como a empresas, a entidades y también es utilizado por políticos mediaticos en estos tiempos de redes sociales "todo vale por un clik":
- Creación de contenido de "emboscada": El modus operandi suele basarse en publicar o amenazar con publicar informes negativos, auditorías sesgadas o ataques personales. El objetivo principal de estas notas no es informar, sino generar el suficiente daño reputacional para forzar un canal de negociación.
- La pauta publicitaria como "peaje": La demanda de pauta oficial o contratos de publicidad privada deja de funcionar como una inversión de difusión legítima y se transforma en un pago de protección o rescate. Una vez que la entidad cede y financia al medio, la cobertura negativa desaparece o se neutraliza.
- Hostigamiento a sectores tecnológicos: Las empresas del sector tecnológico y las plataformas digitales son blancos frecuentes de estas operaciones, ya que su valor depende directamente de su reputación de seguridad y transparencia. Los ataques suelen explotar tecnicismos o vulnerabilidades percibidas para alarmar al público o a los reguladores.
- Herramientas de amplificación: Para que el chantaje sea efectivo, estos portales suelen complementar la nota web con el abordaje de tráfico artificial, el uso de cuentas automatizadas (bots) y redes de trolls en plataformas como X (Twitter) para instalar tendencias falsas e incrementar la desesperación de la víctima.
En este esquema el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) ha quedado en el centro de una burda campaña de difamación orquestada por el portal platense RealPolitik, evidenciando cómo los denominados "carpetazos" de la política argentina mutan con facilidad en mecanismos de extorsión comercial cuando una institución se niega a financiar cajas negras de pauta publicitaria. [1, 2]
La ofensiva digital, que incluye la viralización masiva de videos y publicaciones alarmistas en redes sociales, intenta resucitar mediáticamente un expediente administrativo que data de hace más de una década (2013-2016) dentro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Aquella antigua presentación, nacida originalmente como un pase de facturas burocrático y anónimo entre facciones internas del propio organismo público, pretendió arrojar sospechas sobre convenios de asistencia técnica firmados bajo el amparo de la Ley de Promoción de la Innovación Tecnológica N° 23.877. [1, 3, 4, 5, 6, 7]
Del elogio al "escrache": La tarifa del silencio
Lo que expone de forma descarnada la matriz de operación de portales periféricos como RealPolitik es el drástico cambio de línea editorial que responde de manera matemática a la billetera. Hasta hace poco tiempo, el mismo medio de comunicación abría sus micrófonos y publicaba reiterados artículos elogiando los avances de gestión y la transparencia de las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) impulsadas por las autoridades de CEDyAT. [2, 6]
Sin embargo, el quiebre se produjo tras bambalinas: la campaña de hostigamiento sistemático actual se activó de inmediato luego de que la institución tecnológica rechazara una agresiva propuesta de contratación de pauta publicitaria exigida por los directivos del portal. Ante la falta de pago, la respuesta comercial no fue la mejora del producto periodístico, sino el desempolvamiento de una denuncia archivada en el tiempo para utilizarla como un garrote reputacional en TikTok, Instagram y Facebook. [3, 4, 8]
La respuesta institucional de CEDyAT
Frente a la virulencia y las imprecisiones maliciosas de la campaña, desde la propia institución tecnológica emitieron un duro comunicado aclaratorio que desarticula la farsa mediática. CEDyAT detalló formalmente:
"Somos colaboradores de la Justicia, no estamos imputados ni procesados en ninguna causa judicial".[9]
La entidad remarcó que, lejos de ser objeto de imputación penal, es la propia institución la que, por iniciativa propia, se ha constituido históricamente como un tercero colaborador del Poder Judicial, aportando documentación legal que respalda cada uno de los programas de digitalización, derechos humanos y modernización que implementó de forma transparente con la PSA en el pasado. [7, 9, 10]
Asimismo, lamentaron profundamente que se continúe "utilizando de manera instrumental" el nombre de una organización civil de carácter estrictamente técnico y profesional en medio de operaciones de prensa que buscan un rédito netamente económico o de disputas políticas marginales ajenas al quehacer científico. [9]
Un sistema que daña al conocimiento
Este caso reabre el debate sobre la vulnerabilidad institucional de las asociaciones civiles sin fines de lucro frente al acoso de portales perifericos de comunicación que operan bajo lógicas de chantaje digital. Mientras el pseudo-portal de noticias busca forzar pautas publicitarias a través del miedo al descrédito, el verdadero daño colateral lo sufre el propio Estado y los desarrolladores científicos, quienes terminan rehenes de dinámicas oscuras que paralizan las políticas de innovación tecnológica por temor al "carpetazo" de turno. [11]
Acciones por la Vía Civil: Daños y Perjuicios
Se fundamenta en la violación del derecho al honor, a la dignidad y a la imagen (Artículos 51, 52 y 53 del Código Civil y Comercial de la Nación).
- Falta de veracidad y real malicia: Si bien la doctrina constitucional resguarda la libertad de prensa, el estándar de la "Real Malicia" (establecido por la Corte Suprema) determina que un medio es civilmente responsable si publica información falsa o inexacta con conocimiento total de su falsedad o con una notoria y flagrante negligencia al no verificarla.
- Arbitrariedad manifiesta: Asociar maliciosamente el nombre y la foto de un directivo a una denuncia penal antigua en la que ni siquiera figura imputado o mencionado constituye una manipulación adrede para generar un daño reputacional y un efecto amedrentador. Debe demandar indemnización económica significativa tanto contra la empresa periodística (Realpolitik SRL) como contra su director, Santiago Sautel.
Los plazos legales para iniciar acciones contra el portal Realpolitik y sus directivos varían drásticamente según la vía (civil o penal) que elijan la institución CEDyAT o su director, Fabián Ruocco.
El tiempo disponible en la legislación argentina se calcula de la siguiente manera:
1. Vía Civil: Daños y Perjuicios (Indemnización y Medidas Cautelares)
Para exigir una reparación económica por la difamación, el daño moral y el perjuicio reputacional, el plazo es el más amplio:
- Plazo: 3 años. [1]
- Fundamento: Artículo 2561 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula el tiempo para los reclamos derivados de la responsabilidad civil de carácter extracontractual. [1]
- ¿Desde cuándo se cuenta? El plazo (dies a quo) comienza a correr desde el día en que se produce la publicación difamatoria, o bien, desde el momento exacto en que los afectados tomaron conocimiento fehaciente del artículo injurioso. [2]
- Nota sobre las medidas cautelares (Desindexación en Google o Cierre de notas): Las medidas para frenar el escrache o borrar la nota no tienen un plazo estricto de vencimiento porque el daño se renueva cada día que la nota sigue online, pero la demanda por la indemnización económica de ese daño sí prescribe a los 3 años. [1, 3]
2. Vía Penal: Querella Privada por Calumnias e Injurias
Si se opta por buscar una condena penal (que fije una multa y obligue al medio a publicar la sentencia de rectificación), los tiempos son sumamente estrictos y ágiles: [4, 5]
- Plazo: 1 año. Es el plazo de prescripción más corto contemplado en el Código Penal argentino.
- Fundamento: Artículo 62, inciso 5° del Código Penal de la Nación Argentina.
- ¿Desde cuándo se cuenta? A diferencia de otros delitos, en las acciones privadas como esta, el reloj empieza a correr desde la medianoche del día en que el ofendido tuvo conocimiento del hecho (es decir, cuando Ruocco o la institución leyeron o supieron de la existencia del escrache).
- Alerta procesal: El trámite previo obligatorio que exige la ley antes de la querella —la audiencia de conciliación— no detiene de forma definitiva el plazo de prescripción. Si se pasa el año sin interponer la querella formal en el juzgado, la causa se cae permanentemente. [5, 6, 7, 8]
3. Vía Penal: Denuncia por Coacción o Extorsión
Si la campaña de Realpolitik no es solo periodística, sino que se demuestra que la usan como un "apriete" sistemático (por ejemplo, si hubo exigencias ocultas de pauta publicitaria a cambio de bajar la nota):
- Plazo: De 2 a 4 años (según la escala penal del tipo exacto de coacción o extorsión que determine el fiscal).
- Fundamento: Artículo 62, inciso 2° del Código Penal (se rige por el máximo de la pena en expectativa). [8]
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